Es la sexta de la lista que ya impartió el tribunal por orden alfabético. Cada defensa tendrá tres días como máximo para responder.
Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tendrá durante octubre tres jornadas para dar su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 y responder así a la acusación fiscal en el juicio por la causa Obra Pública.
La vicepresidenta fue ubicada en sexto orden en el total de 13 acusados de acuerdo al orden alfabético y cada abogado defensor tendrá el mismo período de tiempo para realizar su alegato.
“Se recuerda que, conforme a lo decidido en la resolución mencionada, la oportunidad para materializar sus exposiciones finales será en un orden sucesivo y continuo inmediato. Esto es que, independientemente de la cantidad de audiencias que insuma (de las tres jornadas asignadas como límite máximo) a cada una de las partes para su alegato, en la audiencia inmediatamente posterior a cada finalización se le dará la palabra a la defensa que continúe en el orden indicado”, aclaró el tribunal.
Los alegatos serán en forma virtual, aunque un defensor puede pedir que sea presencial. Durante el alegato de Carlos Beraldi no se descarta que vaya a tomar la palabra la propia vicepresidenta, es una posibilidad que hasta último momento se tendrá en cuenta.
Antes del turno de la defensa de Cristina, alegarán los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz y también el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. En séptimo lugar será la defensa de Lázaro Báez y luego el resto de los acusados.
DUDA PRESIDENCIAL
Mientras, Alberto Fernández mantiene sus diferencias personales e ideológicas con Cristina Kirchner, pero se aferra a su guión institucional y hará todos los gestos políticos posibles para acompañar a la vicepresidenta mientras continúe el trámite procesal de la Causa Vialidad.
El Jefe de Estado habló tres veces con CFK en las últimas 48 horas y no se descarta un cónclave en Olivos antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dicte sentencia tras valorar la evidencia aportada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
En este contexto, Alberto Fernández ratificó una decisión personal que ya fue informada en el despacho más poderoso de la Cámara alta: el Jefe de Estado cree que es casi imposible dictar un indulto a favor de CFK en la Causa Vialidad y alega razones constitucionales y políticas.
Alberto Fernández se apoya en el artículo 36 de la Constitución Nacional para prácticamente descartar el indulto a la ex presidenta. Ese artículo -clave en la Reforma de 1994- fue avalado por la actual titular del Senado cuando era convencional constituyente en representación de Santa Cruz.
El artículo 36 sostiene que los “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático” y “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito” estarán “excluidos de los beneficios del indulto”.
La premisa constitucional es fácil de entender y encierra un principio ético novedoso para la época: iguala un golpe de Estado con un hecho grave de corrupción pública.
Los constituyentes del ‘94 establecieron que un avance contra la estabilidad democrática es un acto criminal de similar envergadura a las acciones delictivas consumadas por un presidente cuando autoriza en forma ilícita contratos de obra pública.
La facultad presidencial de dictar indultos está previsto en el artículo 95 (inciso 5) de la Constitución Nacional. Esa facultad no se aplica en casos de golpes de Estado o causas de corrupción y tampoco funciona cuando el expediente judicial no tiene sentencia firme.
Entonces, Alberto Fernández también tiene una limitación legal que no podría quebrar: la Causa Vialidad será apelada a la Cámara de Casación y a la Corte Suprema, y el Presidente -al margen del artículo 36 de la Constitución- debería esperar un fallo definitivo.
El mandato del Jefe de Estado vence el 9 de diciembre de 2023 y es muy difícil que la Corte se expida antes de esa fecha institucional.
A los argumentos legales de Alberto Fernández se le debe añadir una mirada política acorde a lo explicado en el Gobierno. Si hay indulto presidencial, CFK aparecería como una criminal que pidió un favor a Balcarce 50. Y eso complicaría su eventual campaña electoral.
El indulto borra la pena, pero la conducta criminal imputada queda asentada en los anales de la Justicia argentina.
Alberto Fernández ayer fue a la Facultad de Derecho. Dio “Teoría del Delito”, un programa que conoce de memoria. El Presidente se distiende frente a sus alumnos de Abogacía y no quiere pasar allí un solo momento de zozobra académica por una decisión política de esta índole.
Declaración de apoyo de presidentes a CFK
El presidente Alberto Fernández y sus pares, Andrés Manuel López Obrador, de México; Luis Arce, de Bolivia, y Gustavo Petro, de Colombia, suscribieron hoy una declaración a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego del pedido de penas de 12 años en su contra por supuesta asociación ilícita.
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, leyó en la sala de conferencias de la Casa Rosada el documento que firmaron los cuatro presidentes de la región para expresar en forma explícita el respaldo a la titular del Senado, a quien consideran víctima de la “persecución judicial”.
“Manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner”, señalaron.
“Dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”, advirtieron.
Además, los mandatarios coincidieron en que “el acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, que en titulares periodísticos e irregularidades judiciales vulneran el debido proceso y las garantías legales. En los últimos años el Poder Judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido”.
La carta de los mandatarios llega luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión y no ejercer más cargos públicos por la asociación ilícita en la obra pública
