La condena está en suspenso, y la inhabilitación para ocupar cargos públicos es de por vida. Una enfermera fue absuelta.
El juez de juicio, Ricardo Diego Carbajal, de Goya, que procesó al enfermero Guillermo Barrios por encontrarlo autor responsable de los delitos de cohecho pasivo, por la venta de vacunas contra la covid-19 en el hospital San Roque de Esquina, lo condenó a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El magistrado impuso la pena en los límites que requirió el fiscal Javier Mosquera.
El cohecho es un delito que se traduce en una infracción contra la gestión administrativa por parte de un funcionario público, al dejarse llevar por móviles ajenos a su misión, en provecho propio o de terceros.
En tanto, la enfermera Sara Gutiérrez fue absuelta, ya que la fiscalía no la acusó.
El hecho fue denunciado por la autoridades sanitarias el 6 de mayo del año 2021. Según señalaron los denunciantes, se había identificado la ausencia de dosis que venían rotuladas con el nombre de cada beneficiario, y luego un comerciante de la ciudad las había comprado.
El implicado había colocado una sola dosis y la segunda no, ya que no había, y el destinatario de la misma se había quejado al director del hospital porque no le colocaban la segunda, terminando en un escándalo y la denuncia que determinó la investigación y, finalmente, la condena.
La semana pasada se realizaron las audiencias fijadas por el tribunal de juicio, donde comparecieron los 20 testigos. Ayer terminaron de dar los alegatos de las partes, y luego el juez Jorge Carabajal dio el veredicto.
El escándalo estalló en mayo del año pasado, tras lo cual el Gobierno de la provincia de Corrientes solicitó a la fiscalía de instrucción penal de la ciudad de Esquina la apertura de una investigación, por la presunta venta de vacunas anticovid por parte de personal del hospital San Roque. El fiscal Javier Mosquera ordenó una serie de allanamientos y dispuso la detención de dos enfermeros y un comerciante, presuntamente vinculados con el ofrecimiento de dosis del inyectable.
La denuncia fue realizada por el director del hospital, Leandro Ramírez. A partir de ahí determinaron a tres personas imputadas, y que luego fueron acusadas. “En mayo se le otorgó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba a uno de ellos, y el lunes 4 de julio comenzó la etapa de juicio oral respecto de los dos restantes, uno de ellos es nuestra defendida”, contó al respecto, a TN Esquina, Analía Bravo, abogada de Sara Gutiérrez, la enfermera acusada de la venta, que fue absuelta y quien ejercía el rol de jefa de vacunación.
La persona que está beneficiada con la suspensión del juicio a prueba es quien había comprado la vacuna, por alrededor de $9.000. “Eso es una propuesta que se le hace al tribunal, de dejar en suspenso el proceso a cambio de cumplir determinadas conductas, por un plazo de tiempo, y cuando vence el plazo de tiempo, es como si no hubiese existido imputación”, resaltó.
