La erogación irregular sería de más de siete mil millones de pesos. Trece provincias y la Caba aún no aportaron la base de datos de sus dependientes.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos de diez provincias que cobran, a la vez, el Potenciar Trabajo, una violación a la norma del mayor programa social que estaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social y que era administrado por el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.
La denuncia sobre esas incompatibilidades, que generaban una erogación anual superior a los siete mil millones de pesos, fue realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan. De esta manera, Pettovello decidió conducirse por un carril distinto al de la ex ministra Victoria Tolosa Paz que fue imputada junto a Pérsico por el fiscal Marijuan en al menos dos causas anteriores, por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas, por ejemplo, las 160.000 personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas. La funcionaria también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo del dirigente del Movimiento Evita es, como mínima, muy escasa.
La denuncia del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, abarca a sólo las 10 provincias que enviaron la base de datos de sus dependientes, más Buenos Aires que respondió de manera parcial. Sólo lo hicieron tres de sus ministerios.
Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias Argentinas y la Caba, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora sólo diez distritos respondieron. Los otros fueron intimados por segunda vez.
En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nº 234746/2023”.
El listado involucra a las siguientes provincias y beneficiarios que, a la vez, son empleados públicos: Corrientes con 518; Tucumán 1.145 empleados provinciales que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy 652; Salta 434; Río Negro 198; Córdoba 194; Formosa 180; y Santa Cruz 128.
Redondeando las cifras, el presupuesto mensual derivado a los 8.535 empleados de las 10 provincias que hasta el momento aportaron los datos asciende a $650.000.000 mensuales, esto es más de $7.800.000.000 anuales sin contar el aguinaldo.
