El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra la marcha nacional universitaria convocada para este martes y calificó el reclamo por el recorte presupuestario como “un berrinche”.
En medio del creciente malestar en el ámbito educativo superior y la advertencia de las universidades por el riesgo de quedarse sin fondos, que obligue a una parálisis en su funcionamiento, el titular del Palacio de Hacienda renovó la ofensiva del Gobierno de Javier Milei contra las casas de estudios.
Todo comenzó cuando el economista Gustavo Lazzari se refirió al tema en su cuenta en X: “He visto marchas pavotas pero como la del 23/4 por la universidad, ninguna”.
En se sentido, enumeró los motivos por los cuales expresó esa afirmación: “1) No está en riesgo 2) el presupuesto aumentó 3) marchar contra una auditoría es como hacerle un berrinche al médico clínico”.
Ante esto, Caputo le respondió por el mismo medio: “`Lacha` querido, la política es un negocio para muchos, no un servicio público”.
Además, el ministro apuntó contra el reclamo universitario al señalar que “el berrinche es el mismo que el de otros sectores que ven afectado `su negocio`”.
En la previa de la marcha federal universitaria del martes 23 de abril, el conflicto entre el Gobierno y las universidades sigue escalando. Aunque desde el Ejecutivo convocaron para el martes 30 de abril a las casas de estudio para debatir la actualización de la financiación del presupuesto, anticiparon que no negociarán el proceso de auditoría sobre el manejo de los fondos.
El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, indicó en su cuenta de X que “pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar, la fiscalización del gasto en las universidades está en la ley de Educación Superior”.
En el mismo tuit, Álvarez compartió el artículo 2 de la Ley de Educación Superior, el cual establece que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”.
