El Congreso reiniciará su actividad hoy en el marco de las sesiones extraordinarias, con el oficialismo intensificando negociaciones para conseguir los apoyos necesarios para lograr consensos y aprobar su paquete de proyectos. La agenda de temas de los legisladores llega cargada al recinto, con la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y la ley de reforma penal juvenil.
En el caso de la reforma laboral, aunque el proyecto ya cuenta con dictamen en comisión en el Senado, los votos todavía no están asegurados tal como fue redactado, por lo que el oficialismo y aliados trabajan contra reloj para sumar votos y evitar que el texto sufra tropiezos en su tratamiento.
Reforma laboral
El primer tema en la agenda de extraordinarias es precisamente este paquete de cambios en la legislación laboral, que el Ejecutivo define como clave para “generar empleo registrado y terminar con la judicialización de conflictos”. Para lograrlo, figuras como el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, se encuentran recorriendo territorios políticos y manteniendo reuniones con legisladores y gobernadores con el objetivo de convencerlos de acompañar la iniciativa.
En el sprint final de las negociaciones por la reforma laboral, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron este jueves en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli, y reclamaron una compensación por la pérdida de fondos coparticipables que implicarán los cambios en el impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto.
Régimen penal juvenil
Diez días después de anunciar la postergación de su propuesta de modificación del Código Penal para concentrarse en la aprobación de la reforma laboral, el Gobierno abrió un nuevo frente al decretar que su proyecto de penal se debatiría en las sesiones extraordinarias de febrero. Este viernes incluso redoblaron la apuesta y convocaron a los familiares de Jeremías Monzón para una reunión con Patricia Bullrich, que insistió: “Va a ser ley”. Sin embargo, las dudas iniciales de los bloques aliados ponen un signo de interrogación a la afirmación.
“Nuestra postura es concreta: la edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años”, señalaron desde la conducción del PRO a este medio. “Insistir con los 13 años tiene el riesgo de que no se vuelvan a tener los consensos que tuvimos y significa volver a abrir la caja de Pandora”, analizó un vocero de la UCR, en donde entienden que “respetar el año de trabajo es defender el dictamen” que firmaron “muchos bloques”. La posición de espacios cercanos a La Libertad Avanza vuelve a poner al oficialismo en la misma disyuntiva cada vez que pidió el régimen penal juvenil.
Otro de los proyectos que ingresó al temario de extraordinarias es la modificación de la ley de Glaciares. La iniciativa del Ejecutivo redefine el concepto de “ambiente periglacial” y limita la protección a aquellas áreas que cumplan una función hídrica comprobable, como el almacenamiento o suministro de agua.
Además, transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar qué zonas quedarán bajo ese régimen de protección y prevé la creación de un registro nacional de glaciares. El tema genera resistencias de sectores ambientalistas y científicos, que advierten sobre un posible retroceso en materia de preservación ambiental.
La agenda se completa con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el pasado 9 de enero. El tratado contempla la eliminación gradual de aranceles sobre el 91% de las exportaciones entre ambos bloques, con plazos de hasta 15 años para productos sensibles.
